Iniciativa de reforma al poder judicial: ¿reestructura o ficción?

Por: Mazziel Santiago
Abogado postulante y asesor jurídico en TERGUM

El pasado 5 de febrero de 2024, el titular del Poder Ejecutivo federal presentó la iniciativa de “Reforma al Poder Judicial de la Federación”, pretendiendo modificar la estructura del Órgano Judicial, con trascendencia a la administración de justicia en los ámbitos federal y local.

Recordemos que el Poder Judicial es autónomo e independiente del Legislativo y Ejecutivo, acorde al principio de división de poderes que deriva del artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, manteniendo una relación de colaboración.

La iniciativa se apoya en la falta de independencia de las instituciones encargadas de impartir justicia, el distanciamiento que existe entre la sociedad y los juzgadores, y la incapacidad y desinterés de estos últimos en cumplir sus deberes. Se centra básicamente en tres ejes:

1. Que, mediante voto libre y secreto de los ciudadanos, se elija a los titulares de los órganos jurisdiccionales que integran al Poder Judicial.
2. La desaparición del Consejo de la Judicatura Federal, encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial, dando lugar a la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano Administrativo Judicial.
3. Controlar la remuneración y prestaciones del personal que integra el Poder Judicial. Sin embargo, es cuestionable su idoneidad, y que sean la solución a la problemática que plantea el Ejecutivo federal. Un decreto de tal magnitud requiere un planteamiento objetivo y un análisis a fondo, lo que implica saber cómo funciona administrativamente del Poder Judicial, así como conocer antecedentes, doctrina, estadística y recabar la visión de quienes intervienen directamente en los procesos judiciales, detectando factores externos que inciden en la administración de justicia, lo cual no se advierte en dicha iniciativa.

Debe considerarse la experiencia de países que transitaron de un sistema judicial como el nuestro, en cuanto a la designación de los titulares de la Corte y demás órganos jurisdiccionales, para llegar a la elección de funcionarios mediante el voto ciudadano, para conocer cuáles fueron sus aciertos y errores, y preverlos.

Por ejemplo, Bolivia es el único país que, desde el 2011, materializó la elección de los integrantes de su Corte mediante el voto de la población. Sin embargo, detectó discrecionalidad en la selección de candidatos, que la legitimidad de los juzgadores no se vio reflejada en las urnas, tachando de errático el método.

Es un hecho que el Poder Judicial requiere actualizar y perfeccionar sus mecanismos de control, administración e impartición de justicia en diversos aspectos. Pero, reitero, mediante bases sólidas que permitan una propuesta viable para modificar la Constitución, con el fin de fortalecer la autonomía e independencia judicial, y asegurar que, en la mayoría de los casos, prevalecerá el derecho y se reducirán las injusticias.

Por el momento sólo tenemos una ficción que vislumbra intereses políticos y que, por ende, en esta legislatura no pasará.

“UN DECRETO DE TAL MAGNITUD REQUIERE UN ANÁLISIS A FONDO.”