Recursos para adaptación y mitigación del cambio climático, fomento de actividades destructivas del medio ambiente

Por: Katia Espinosa Osnaya
Licenciada en Derecho y Contaduría Pública y Finanzas. Maestra en Derecho Fiscal. Especialista en Derechos Humanos. Doctora en Ciencias Sociales. Directora General de Legal Corporativo. Directora General de Apoya-Arte, A.C.

Derivado de los acuerdos establecidos en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1992), los países miembro adquirieron el compromiso de implementar mecanismos para evitar el incremento de la temperatura del planeta y controlar los gases de efecto invernadero.

Como parte de este compromiso, México ha emprendido las siguientes acciones:

• Creación de la Ley General de Cambio Climático (2012), para reducir los gases efecto invernadero en un 50%.
• Desarrollo de estrategias de cambio climático.
• Atención a recomendaciones del panel intergubernamental.
• Elaboración de comunicaciones nacionales con inventarios de emisiones de efecto invernadero.
• Creación de instituciones e instrumentos eficaces para aumentar la capacidad adaptativa del país.

Aunque podríamos pensar que México está a la vanguardia en prevención del cambio climático, a partir del Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 se asignaron recursos a la Secretaría de la Defensa Nacional para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático.

Esto incluye la “Prestación de Servicios Públicos de Transporte Masivo de Personas y Carga Tren Maya”, así como los “Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros”, tendencia que se mantiene en el Presupuesto de Egresos para 2025.

No obstante, esta asignación de recursos es cuestionable, dado que el Tren Maya ha generado devastación ambiental en múltiples tramos, incumpliendo controles y la manifestación de impacto ambiental. Además, la información pública sobre su desarrollo está sesgada y carece de datos certeros.

A la fecha, se presenta como una obra de desarrollo que promete: 954 mil nuevos empleos (de los cuales 46 de cada 100 serán para personas de comunidades originarias); un impacto económico local de 2.1 billones de pesos; sacar a 1.1 millones de personas de la pobreza, y reducir el empleo del suelo en un 49%. Sin embargo, las cifras al cierre del 2024 reportan un subsidio de 11 mil 862 millones frente a ingresos de solo 134 millones 940 mil pesos, apenas el 1.1% de recuperación, mientras requiere 168 millones de pesos trimestrales para su operación.

Además, el proyecto cerró el 2023 con un déficit de 578 millones de pesos, sumado a una demanda de 170 millones de pesos por parte de Grupo México. Cada tramo construido ha dejado devastación, destruyendo centros ceremoniales, cenotes y áreas naturales, sin que se haya verificado su beneficio efectivo. Además, año con año las partidas presupuestales destinadas a su realización han aumentado.

Y aunque la tendencia legislativa es gravar conductas nocivas mediante impuestos por la emisión de gases contaminantes, resulta contradictorio que la Federación incumpla estos principios al impulsar mega obras cuyos beneficios siguen sin ser verificados, siendo que esos recursos podrían emplearse en otras partidas presupuestales ausentes en el Presupuesto de Egresos 2025, como salud y seguridad.

Ocultar cifras oficiales en la construcción de obras de gobierno únicamente hace patente la falta de transparencia y la afectación al medio natural, así como el incumplimiento de políticas nacionales y compromisos internacionales.

“EN CADA TRAMO, EL TREN MAYA HA DEJADO DEVASTACIÓN AMBIENTAL, SIN QUE SE HAYA VERIFICADO SU BENEFICIO EFECTIVO.”