Análisis de campañas de elección al poder judicial

Por: Aranzazu Minerva Vargas Montes
Licenciada en Ciencias Políticas, coordinadora de campañas electorales en el estado de Puebla, estratega y consultora política

El hecho de que los partidos políticos no pudieran postular candidatos al Poder Judicial de la Federación corresponde a la intención de que los impartidores de justicia no quedaran sujetos a la influencia de los padrinazgos que podrían ejercer grandes actores de la vida pública, y con ello asegurar la separación de poderes propia de una democracia constitucional.

Sin embargo, dicha intención dista mucho de tener aplicaciones prácticas en nuestro sistema político, donde existen grandes depredadores hijos de la democracia representativa: el presidencialismo, la centralidad, la partidocracia, las camarillas y la combinación de las élites económicas con los representantes populares.

Así, en esta elección vimos desfilar a una multitud de candidatas/candidatos que cumplían con el perfil académico e incluso laboral, pero que estaban interrelacionados con exfuncionarios de sexenios anteriores, tal es el caso de Magda Zulema Mosri Gutiérrez, quien denunció al periodista Álvaro Delgado Gómez por supuesta violencia política de género.

La denuncia se basó en la revelación, por parte del comunicador, de su matrimonio con el ex procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, quien estuvo involucrado en el proceso de desafuero contra López Obrador. El conflicto trascendió cuando, aparte de la presumible censura, Mosri lanzó una aparente amenaza en su cuenta de X contra Delgado, diciéndole “Hasta aquí llegaste”.

De igual modo, destaca el caso del aspirante César Mario Gutiérrez Priego, hijo del difunto general de División, José de Jesús Gutiérrez Rebollo, quien fue condenado a 40 años de prisión por cargos de delincuencia organizada en el sexenio de Felipe Calderón.

En meses recientes, Gutiérrez Priego reveló los audios de Patricia Velasco, esposa del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, donde la primera dama entabla conversaciones con miembros del cartel de Colima elucubrando negociaciones criminales. Lo relevante del caso es que tienen su origen en las fechas en que Ernesto Zedillo se encontraba en funciones.

Además, platicando con Luis Enrique Bruno Vázquez, maestrante en Ciencias Políticas de la BUAP, concluimos ―sin ánimo de equivocarnos― que antes de hablar de los mecanismos que aseguren el ejercicio del derecho político del voto, o de sus campañas, la reforma constitucional para renovar el Poder Judicial careció de un proceso de selección apoyado en filtros que permitieran evaluar, de manera real y efectiva, candidatos que estuvieran alejados del conflicto de intereses, que supondrían el sometimiento de la imparcialidad judicial a la conveniencia de las élites político-económicas.

Finalmente, el lector no debe pasar por alto que el camino a la representación efectiva de la ciudadanía debe postularse en candidaturas y procesos electorales que eliminen el mal endémico de la democracia representativa: el alejamiento y parcialidad de los electos con el pueblo que los elige.

“La reforma judicial careció de un proceso de selección apoyado en filtros reales y efectivos para evaluar a los candidatos”.