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Pasadas las elecciones extraordinarias, donde se votó por la mitad de jueces y magistrados que integrarán al Poder Judicial de la Federación (PJF), así como por la totalidad de los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se puede apreciar que la legitimidad que se pretendía dar a los juzgadores a través de la votación y aprobación de la mayoría de la población con derecho a voto (100 millones 537 mil 828 personas), no se logró, pues se dice que sólo participó el 12% de la ciudadanía (de los cuales el 10.8% anuló su voto).
Cabe señalar que entre los votantes estuvieron adultos mayores, personas con algún apoyo social, burócratas e integrantes de coaliciones; y muchos se guiaron por acordeones repartidos masivamente a la vista de todos, hecho que evidenció su desconocimiento acerca del tema y, a la vez, un voto a todas luces involuntario (inducido).
Hay que enfatizar que aproximadamente el 88% de las personas de la lista nominal no acudió a las urnas, y ello fue en gran medida producto de una reforma precipitada, con deficiencias y errores, a la cual se le pusieron parches de último momento, sumado a lo improvisado del proceso electoral que implementó el INE, lo que provocó que no se explicara acertadamente a la población qué funciones y puestos se votarían.
Tampoco hubo difusión adecuada de los candidatos contendientes, a pesar de que ello era vital, pues sólo así los electores hubieran sabido qué hacer con las múltiples boletas que les fueron entregadas.
En este tenor, el éxito de las elecciones debe valorarse mediante la reacción de la gente en las casillas y, en este caso, la gran mayoría reflejó no saber lo esencial de las elecciones, ni de lo que representa el PJF. La mínima participación ciudadana refleja que no figuró la democracia.
De ello dio cuenta el INE, al quedar en manos de sus Consejos Distritales el conteo de los votos, toda vez que las boletas utilizadas y no utilizadas ―sin inutilizarlas para que no se pudieren manipular― se trasladaron de las casillas a la sede de dichos Consejos; lo que generó inquietud en parte de la sociedad, cuestionando por qué no se dio dicho conteo dentro de cada casilla como normalmente ocurre.
Hoy la ilusión judicial se ha materializado y arranca en septiembre de 2025, parcialmente con nuevas personas juzgadoras que “deberán impartir justicia de manera PRONTA, COMPLETA, IMPARCIAL Y GRATUITA, en beneficio de la sociedad”, generando, con conocimiento científico y una visión humana, buenos criterios. Todo ello soportado en la Constitución Federal y leyes que respeten las libertades de las personas, observando el cumplimiento de obligaciones y restricciones, a efecto de guardar el equilibrio que permita una sana convivencia.
El escenario pinta complejo, a razón de que la Corte se integrará casualmente por personajes afines al poder político, donde lo popular ya juega su papel. Sólo queda esperar que las personas electas se vistan de verdaderos juzgadores y, con base en la autonomía del PJF, asuman sus funciones con vocación y plenitud de jurisdicción, demostrando que nada ni nadie estará por encima de la administración de justicia; de lo contrario, expondrán un engaño flagrante a la población.
“La mínima participación ciudadana refleja que no figuró la democracia”.