Sin una aplicación de criterios claros y objetivos, el esfuerzo del gobierno federal por combatir la elusión y evasión fiscal podría generar que una irregularidad administrativa escale a un asunto penal.
Definitivamente la recién aprobada reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) para 2026 responde a una estrategia del gobierno federal que no sólo busca fortalecer la fiscalización, sino también criminalizar cualquier incumplimiento fiscal. Si bien su objetivo principal es combatir la elusión y evasión fiscal para incrementar la recaudación, resulta cuestionable que ello se pretenda lograr mediante el endurecimiento de las sanciones, no sólo para ciertos delitos fiscales, sino también para infracciones administrativas.