Aunque el despido justificado suele verse desde una perspectiva negativa por la parte trabajadora, constituye un derecho fundamental para los patrones, derivado del principio constitucional de equilibrio procesal.
Este concepto puede entenderse como la posibilidad que tiene la parte patronal de terminar la relación laboral, la cual debe estar sustentada en un actuar del trabajador que afecte a la empresa o al patrón, siempre y cuando dicha conducta irregular esté contemplada en alguna disposición normativa aplicable (como reglamentos internos, Normas Oficiales Mexicanas, la Constitución Política e incluso tratados internacionales).
Aunque México no ha incorporado este instrumento a su ordenamiento jurídico interno, el artículo 47 de la LFT vigente enumera dieciséis fracciones que concuerdan con este estándar internacional de protección bilateral del empleo.