Pese a los esfuerzos del Estado mexicano por fortalecer la eficiencia recaudatoria, la evasión fiscal continúa siendo un desafío relevante para las finanzas públicas del país.
Tan sólo durante el sexenio anterior (2018-2023), se estima que se evadieron cerca de 175 mil millones de pesos (mdp) en el rubro de bienes inmuebles, de acuerdo con el Estudio de evasión en los sectores Construcción y de Servicios Inmobiliarios (2024).
Al tratarse de uno de los sectores con mayor alcance en la economía nacional, también concentra un alto riesgo en la creación de empresas fantasma y en el uso de mecanismos para distorsionar estados financieros.
La evasión fiscal en el ramo inmobiliario no sólo afecta el desarrollo de la industria —al debilitar la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros—, sino que también impacta negativamente en el crecimiento económico y social del país.