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Los sujetos obligados en México se encuentran en un punto de inflexión respecto de sus obligaciones operativas y de cumplimiento tributario. Para fortalecer el marco de prevención de lavado de dinero en el país, el pasado 30 de marzo entró en vigor el nuevo Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (RLFPIORPI).
En respuesta a una exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en julio de 2025 ya se había publicado una reforma que redefinió el papel de los sujetos obligados y elevó el estándar de cumplimiento al nivel de las mejores prácticas internacionales.
Y si bien este cambio se hizo para decir el qué, el nuevo reglamento lo amplía para explicar el cómo. Eso es exactamente lo que el sector estaba esperando: un marco operativo que permita cumplir.