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Durante décadas, la responsabilidad jurídica de algunas empresas operó bajo una lógica reactiva: "Cuando el daño ocurre, después se investiga, se sanciona o se repara".
Esa lógica cambió en 2011, cuando el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
Este marco desplazó la pregunta que el mundo le hace a una organización. Ya no es solamente “¿qué derecho violaste?”, ahora es “¿qué hiciste para identificar los riesgos antes de que los daños ocurrieran?”.
Para México, esto se incorporó en 2020 mediante el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024, cuyo objeto estableció:
“…articular las acciones del Gobierno de México para la atención de las problemáticas más apremiantes en materia de derechos humanos, facilitando espacios de diálogo y reflexión entre los diferentes sectores, a través de una herramienta estratégica y multisectorial, destinada a garantizar los derechos humanos de todas las personas, así como la protección y promoción de los mismos, fortaleciendo la prevención de sus violaciones”