Reforma al proceso contencioso administrativo ¿cómo impacta a las empresas?

Por: Elva Marcela Vivar Rodríguez
Magistrada de la Primera Sala en la Ciudad de México del TFJA. Doctora en Derecho; maestra en Neuroeducación y Desarrollo Cognitivo; maestra en Derecho Fiscal; especialista en Derecho Intelectual; master en Formación Directiva y doctoranda en Filosofía.

Despresurizar a los tribunales para materializar el principio de “justicia pronta y expedita”, consagrado en el artículo 17 constitucional, es el principal objetivo de la reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA), publicada en el DOF el pasado 9 de junio.

Si bien no podría considerarse una “reforma trascendental” —ya que no representa modificaciones de gran calado en el procedimiento—, sí contempla cambios prácticos que podrían afectar a los contribuyentes.

Como parte de los ajustes, se realizaron modificaciones relativas al lenguaje incluyente que, si bien son importantes, corresponden principalmente a una unificación de criterios en la agenda de género.

No obstante, entre las modificaciones se distinguen diversos cambios con impacto directo:

• Reducción de plazos procesales
  • Cambio
    Acorta los plazos durante la etapa de instrucción de los juicios para emitir sentencias y cumplir el principio de prontitud, así como otorgar certidumbre jurídica.
    Busca agilizar la integración de los expedientes y evitar que los juicios se prolonguen más allá de los plazos establecidos.
  • Impacto
    Para los contribuyentes y el sector empresarial representa un desafío, pues la reducción de los tiempos procesales requiere mayor rigor en el resguardo y preparación del material probatorio.
    Desde el punto de vista jurisdiccional, el reto radica en evitar que la celeridad sacrifique la técnica jurídica y la argumentación, o que se emitan resoluciones al vapor que no cumplan con los requisitos de fundamentación y motivación ni satisfagan el interés jurídico de los contribuyentes.