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Maestro en Derecho Constitucional y Administrativo. CEO de Coffee Law S.C., Socio de ENATIC y titular de la Comisión de Legaltech INCAM Occidente.
La modernización del derecho societario en México ha encontrado un catalizador definitivo en la validez jurídica de las asambleas celebradas mediante medios electrónicos, permitiendo que la voluntad social se gestione en espacios digitales.
Esta apertura tecnológica coincide con una proyección de transformación masiva, donde se estima que para el año 2026 la gran mayoría de los líderes empresariales integrarán agentes autónomos en sus operaciones estratégicas (DeepL, 2025).
Bajo esta tesitura, la gobernanza no puede limitarse a la implementación de software de videoconferencia, sino que debe evolucionar hacia un marco integral que gestione los riesgos de una era agéntica, teniendo como pilares:
Consecuentemente, un caso de este cambio es la necesidad de transitar de una ética voluntaria - mediante la adopción de principios, estándares o códigos de conducta - hacia un sistema de debida diligencia que garantice que la tecnología actúe como un soporte y no como un sustituto de la deliberación humana.
El artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles exige que las asambleas virtuales garanticen una interacción simultánea que resulte funcionalmente equivalente a la reunión presencial (LGSM, 2023). No obstante, el desafío surge al integrar sistemas de IA definidos por su capacidad de inferir resultados y actuar con diversos grados de independencia para alcanzar objetivos específicos (OECD, 2026).
A mayor abundamiento, la tensión jurídica se manifiesta cuando la autonomía algorítmica toma el control de la narrativa o el resumen de la información financiera, reduciendo la capacidad crítica de los socios y vulnerando el espíritu deliberativo de la ley.
Por consiguiente, si una asamblea aprueba estados financieros complejos basándose exclusivamente en una interpretación automatizada sin permitir un debate humano genuino sobre los rubros de pasivos operativos, se podrán invalidar los acuerdos por falta de una interacción real entre los asistentes.
La legitimidad de los acuerdos en el órgano supremo de la sociedad depende de que el voto sea una manifestación auténtica de la voluntad del accionista. En este escenario, la taxonomía de la autonomía algorítmica advierte que niveles elevados de independencia —como el rol de observador o L5— tal como señalan Feng et al. (2024), los cuales pueden provocar un desapego del usuario que derive en aprobaciones mecánicas o en la erosión del pensamiento crítico.
Conforme a este orden de ideas, la delegación de facultades de decisión en agentes autónomos sin una supervisión humana constante representa una dislocación de la gobernanza.
Un ejemplo noble es una asamblea extraordinaria donde se discuta la solicitud de un concurso mercantil, un voto ejecutado automáticamente podría ignorar factores estratégicos de supervivencia empresarial que solo una evaluación humana contextualizada podría detectar, contraviniendo el deber de diligencia.
La reforma de 2023 impone la obligación estricta de implementar mecanismos que permitan la acreditación fehaciente de la identidad de los asistentes y generen evidencia auditable del sentido de su voto en medios digitales.
Para dar cumplimiento a este mandato, se propone el uso de protocolos de integridad computacional y certificados de autonomía emitidos por terceros, particularmente Manus Protocol (2024), refiere que prescriben el nivel máximo de independencia permitido para un agente en un entorno operativo específico.
En virtud de lo anterior, el uso de pruebas de conocimiento cero (zk-SNARK) permite verificar que una operación algorítmica —como la emisión de un voto digital— se realizó siguiendo un modelo autorizado sin necesidad de exponer datos sensibles del accionista.
De hecho, un ejemplo de esta seguridad avanzada es la integración de estos registros en las actas protocolizadas ante fedatario público, otorgando certeza jurídica de que la identidad soberana del socio no ha sido suplantada ni alterada por inyecciones maliciosas de terceros.
La atribución de daños patrimoniales derivados de resoluciones viciadas por errores algorítmicos plantea una encrucijada sobre la responsabilidad de los administradores y comisarios.
En ese sentido, Shavit et al (2023) establecen el marco de la conducta empresarial responsable para que las decisiones de alto impacto siempre mantengan un humano en el circuito (human-in-the-loop) que valide las implicaciones de la acción antes de su ejecución. Así mismo, se sostiene que la alta dirección debe ejercer una vigilancia reforzada sobre todo el ciclo de vida de la IA.
De esta manera, si un sistema autónomo facilita una reestructura de pasivos financieros basada en proyecciones erróneas que resulten en perjuicio para la sociedad, ante esto, City of San Jose (2023), sostiene como la falta de una auditoría técnica o de un proceso de Verificación y Validación (TEVV), será interpretada como una negligencia inexcusable en la debida diligencia de la empresa.
Para fortalecer este control, PEAT (2024) propone que las organizaciones deben adoptar marcos que prioricen la transparencia y la inclusión, asegurando que la tecnología no introduzca barreras de discriminación, especialmente hacia personas con discapacidades en los procesos de participación digital.
En consecuencia, la implementación de sistemas de monitoreo en tiempo real, similares a los utilizados para predecir riesgos en las cadenas de suministro globales, permitiría identificar patrones de falla o sesgos antes de que afecten el sentido de una votación corporativa (Amazon, 2025).
Y bajo la lógica antes dicha, la rendición de cuentas se consolida mediante el uso de tarjetas de modelo y fichas de datos como sugiere BSR (2025), que documenten de forma auditable la procedencia de la información utilizada en la asamblea.
En conclusión, la mejor estrategia consiste en anticipar posibles fallas sometiendo los sistemas a pruebas rigurosas bajo condiciones exigentes, de tal suerte que se aseguré tanto la estabilidad y como la confiabilidad sobre el funcionamiento tecnológico, incluso cuando enfrenta escenarios complejos o imprevistos.
Con la llegada de la inteligencia artificial a las asambleas virtuales, la LGSM busca que la tecnología y la seguridad legal vayan de la mano. Modernizar el proceso trae ventajas, pero también incertidumbre de que el voto se vuelva menos transparente y humano.
Por ello, es fundamental usar métodos de verificación y certificados de autonomía para proteger la integridad de las decisiones, recalcando que cumplir con las reglas de identidad es esencial para evitar problemas legales como son la nulidad de acuerdos sociales, la suplantación de identidad, la responsabilidad civil por negligencia de los administradores, y de esta forma mantener la confianza.
Mirando hacia adelante, los líderes empresariales tendrán que adaptarse y tomar decisiones responsables sobre el uso de la IA. Es importante aprovechar la tecnología para detectar riesgos, sin perder de vista que el factor humano sigue siendo esencial en las decisiones clave.
Por lo tanto, la transparencia y la protección de la identidad digital ayudarán a fortalecer la confianza y asegurar que las empresas mexicanas estén listas para los retos del futuro. Así, la inteligencia artificial podrá impulsar tanto la innovación como la seguridad en el entorno corporativo.
